Reentry 2030
Un resumen de Policy and Practice Guidance for the Future of Reentry, publicada en abril de 2026 por el Council of State Governments Justice Center.
El informe oficial
Policy and Practice Guidance for the Future of Reentry
The Council of State Governments Justice Center
Publicado en abril de 2026
Cita sugerida por el informe: Jesse Kelley et al., Policy and Practice Guidance for the Future of Reentry (Nueva York: The Council of State Governments Justice Center, 2026).
El informe indica que el apoyo para esta publicación provino de The Gates Foundation, con apoyo inicial de la Bureau of Justice Assistance.
Qué es Reentry 2030
Reentry 2030 es una iniciativa nacional lanzada en 2022 para mejorar y ampliar los resultados de reingreso justos y eficaces para las personas que salen de prisión o están bajo supervisión comunitaria. Trabaja con líderes estatales, agencias correccionales, proveedores de servicios y organizaciones comunitarias para fijar y perseguir metas públicas de reingreso.
En abril de 2026 el Council of State Governments Justice Center publicó Policy and Practice Guidance for the Future of Reentry dentro de esa iniciativa. La guía está dirigida a los líderes estatales y reúne políticas y prácticas que los estados pueden impulsar, financiar o implementar.
El informe indica que sus principios rectores fueron refinados en estrecha colaboración con el Reentry 2030 Advisory Board, que incluye a personas con experiencia vivida de encarcelamiento y reingreso, junto con responsables de agencias, profesionales y proveedores de servicios.
El resumen ejecutivo del informe comienza con la escala del problema: más de 400,000 personas regresan a casa desde prisión cada año, y millones más pasan por cárceles locales. La guía señala que las tasas estatales de reencarcelación son 23 por ciento más bajas que en 2008, y al mismo tiempo afirma que muchos apoyos y servicios de reingreso siguen siendo fragmentados, desiguales y con recursos insuficientes.
Resumimos el informe aquí porque estamos incorporando la planificación de reingreso en nuestras propias herramientas. Esta página describe lo que dice el informe y lo que creemos que deja fuera. No le dice a nadie para qué califica.
Los siete principios que identifica el informe
El informe se organiza en torno a siete principios centrales que, según sus propias palabras, pueden fomentar un sistema de reingreso coordinado, transparente, equitativo y centrado en la dignidad humana. Las prácticas bajo cada título son del informe, resumidas con nuestras palabras.
1. Coordinación integrada entre tribunales, correcciones y supervisión comunitaria
El informe afirma que los resultados de reingreso mejoran cuando los tribunales, las correcciones, las agencias de supervisión y las organizaciones comunitarias trabajan juntos hacia metas compartidas.
- Establecer por ley un organismo o comisión multiagencial que evalúe periódicamente los resultados de la población que regresa y recomiende mejoras.
- Construir alianzas intergubernamentales y comunitarias para que toda persona que sale del encarcelamiento reciba una transferencia acompañada, incluidas alianzas con organizaciones de base que tienen dificultades para competir por financiamiento.
- Entregar una identificación estatal, una tarjeta de Seguro Social y otros documentos esenciales, iniciando los trámites antes de la fecha de salida.
- Iniciar un plan de reingreso personalizado desde el ingreso, usando los resultados de evaluación para guiar la preparación previa a la salida.
- Incorporar a personas con experiencia directa en el sistema de justicia para brindar manejo de casos y mentoría, desde el encarcelamiento y continuando después de la salida.
- Usar el enfoque de supervisión menos gravoso posible, evitar requisitos que impidan el trabajo y la reintegración, y ofrecer programas estructurados que puedan conducir a la terminación anticipada de la supervisión para personas evaluadas con altas necesidades y riesgo elevado de reincidencia.
2. Acceso a vivienda segura y estable
El informe califica la vivienda como fundamental y afirma que, sin un lugar seguro y estable donde vivir, las personas que salen del encarcelamiento enfrentan barreras de empleo, atención médica, educación y cumplimiento de la supervisión.
- Usar una evaluación universal de vivienda para recopilar datos sobre historial y riesgo de indigencia, y establecer vías de derivación hacia las intervenciones adecuadas.
- Crear puestos dedicados de especialista en vivienda, navegador o enlace con arrendadores que construyan relaciones con proveedores de vivienda antes y después de la salida.
- Impulsar políticas de vivienda de segunda oportunidad, incluidos límites a revisiones de antecedentes penales excesivamente amplias y reglas que posterguen las preguntas sobre antecedentes hasta después de una oferta condicional.
- Limitar las ordenanzas locales de tolerancia cero, y las condiciones de supervisión, que restringen dónde pueden vivir las personas con antecedentes.
- Financiar los costos iniciales que bloquean una mudanza, como depósitos de garantía, deudas de servicios públicos, incentivos para arrendadores y compensación por daños.
- Analizar las colocaciones de vivienda de la población de reingreso por raza y origen étnico para identificar patrones que perpetúan desventajas sistémicas.
3. Movilidad económica y empleo significativo
El informe describe el empleo como uno de los predictores más fuertes de un reingreso exitoso, y cataloga las barreras legales, estructurales y sociales que bloquean el acceso a un trabajo estable.
- Revisar las consecuencias colaterales obligatorias y convertirlas en discrecionales cuando sea posible, con una presunción a favor de la contratación o la licencia y con garantías procesales.
- Exigir que las juntas de licencias apliquen una prueba de relación directa entre el delito y las funciones del empleo o la licencia específica.
- Preparar a las personas para el trabajo antes de la salida, incluyendo habilidades básicas de tecnología, currículos, práctica de entrevistas, ropa adecuada y documentación reunida de cada certificado, título y habilidad obtenida.
- Realizar ferias de empleo presenciales y virtuales dentro de las instalaciones correccionales, y sumar a empleadores que ya contratan personas con antecedentes para que hablen con otros empleadores.
- Reducir la deuda que sigue a las personas al salir, pausando la manutención infantil durante el encarcelamiento, eliminando cuotas de supervisión y programas, y terminando con los intereses sobre obligaciones financieras judiciales.
4. Oportunidades educativas antes y después de la salida
El informe describe la educación como una de las herramientas más transformadoras disponibles durante y después del encarcelamiento, y se centra en eliminar las barreras que limitan el acceso y la permanencia.
- Levantar las restricciones legales y administrativas de financiamiento que impiden a estudiantes encarcelados, y a personas en la comunidad con antecedentes, acceder a educación técnica, vocacional y postsecundaria.
- Eliminar el requisito de declarar la participación actual o pasada en el sistema de justicia en las solicitudes a colegios comunitarios y universidades financiadas por el estado.
- Asegurar que los programas ofrecidos en prisión conduzcan a credenciales reconocidas por la industria, elegidas considerando las necesidades del mercado laboral y las barreras estatales de licencias.
- Establecer acuerdos de articulación para que los créditos y credenciales obtenidos adentro se transfieran a programas de grado en la comunidad.
- Permitir que las agencias que otorgan libertad condicional consideren el avance postsecundario al decidir sobre la liberación anticipada después de que la persona cumpla su sentencia obligatoria, y que acepten los estudios en lugar de condiciones que exigen empleo.
5. Tratamiento y atención integral de salud física y conductual
El informe aborda a las personas atrapadas en la intersección de la salud conductual y el sistema de justicia, y se centra en la continuidad de la atención entre la custodia y la comunidad.
- Implementar evaluaciones universales de salud mental, consumo de sustancias e indigencia al momento del ingreso, con seguimiento clínico oportuno.
- Suspender en lugar de cancelar la inscripción en Medicaid durante el encarcelamiento, y automatizar su restitución al salir.
- Solicitar exenciones de Medicaid que permitan cobertura previa a la salida, y construir conexiones con proveedores comunitarios antes de la fecha de salida.
- Emplear centros comunitarios de recuperación y consejeros de recuperación, y capacitar al personal de reingreso para identificar trauma y condiciones concurrentes.
- Dar a las agencias orientación en lenguaje sencillo sobre qué información puede compartirse y cuál no, de acuerdo con las protecciones federales y estatales de privacidad.
6. Familias y redes sociales sólidas
El informe trata los vínculos familiares y sociales como elementos esenciales del reingreso, no opcionales, y cita investigaciones según las cuales mantener esas conexiones durante el encarcelamiento mejora los resultados posteriores.
- Eliminar o reducir el costo de las llamadas telefónicas para las personas encarceladas.
- Ofrecer apoyo de transporte y alojamiento gratuito y accesible para que los hijos y las familias puedan visitar.
- Ofrecer espacios de visita adecuados para niños, visitas familiares extendidas y actividades virtuales de lectura y tareas, manteniendo además las visitas presenciales.
- Capacitar a los oficiales correccionales sobre el encarcelamiento parental y el trauma, para que estén mejor preparados para trabajar con madres y padres y supervisar visitas.
- Dejar que las familias definan qué es una familia, reconociendo que personas sin lazos de sangre a menudo cumplen un rol parental.
7. Acceso a mecanismos de alivio para reducir barreras
El informe describe el sellado de expedientes, la eliminación de antecedentes y los certificados de alivio como formas de avanzar sin que una condena pasada siga limitando las oportunidades, y señala que el acceso a estas herramientas suele ser estrecho, procesalmente complejo o demasiado costoso.
- Crear o ampliar mecanismos de alivio de largo plazo, como el sellado y la eliminación automáticos.
- Ampliar los criterios reduciendo los periodos de espera, ampliando la lista de delitos cubiertos y revisando los límites basados en condenas múltiples.
- Crear o ampliar los certificados de alivio, que el informe describe como órdenes judiciales que convierten ciertas consecuencias obligatorias en discrecionales.
- Limitar las barreras al alivio no automático, incluidas las cuotas de presentación, los procesos de petición complejos, la documentación extensa y los requisitos de audiencia.
- Redactar las leyes de alivio de modo que sus efectos sean claros, incluyendo que quienes deciden no puedan indagar sobre condenas ya eliminadas.
Por dónde dice el informe que deben empezar los estados
Un documento complementario breve, Roadmap to Reentry: 3 Things States Can Do to Get Started, también publicado en abril de 2026, resume la guía en tres acciones y las describe como algo que requiere un enfoque de todo el gobierno.
Fijar una meta grande.
El roadmap pide a los líderes estatales mirar más allá de la reincidencia como medida del éxito, y fijar al menos una meta relacionada con movilidad económica, vivienda o atención médica. Sus metas de ejemplo están escritas como porcentajes de población con un año objetivo.
Ampliar un programa excepcional.
El roadmap sugiere identificar un programa que ya esté dando resultados en el estado y extenderlo a todo el territorio. Nombra los fundamentos a ampliar: acceso a documentos vitales, continuidad de la atención médica, vínculos de vivienda, preparación para el empleo, apoyos de estabilidad financiera y transferencias acompañadas que guíen a la persona durante sus primeras 48 horas en la comunidad.
Evolucionar el enfoque del reingreso.
El roadmap ofrece tres principios guía. El reingreso está centrado en la persona cuando las perspectivas de quienes lo han vivido moldean el diseño. Es coordinado cuando los líderes de distintos sistemas y niveles de gobierno participan plenamente. Es transparente cuando los estados fijan metas públicas e informan periódicamente sobre su avance.
Lo que creemos que el informe deja fuera
Esta sección es nuestro propio análisis, no una conclusión del CSG Justice Center. Cuando decimos que el informe no aborda algo, queremos decir que buscamos en el texto publicado de la guía, su resumen ejecutivo y el roadmap, y no encontramos ninguna mención. El texto que aparezca únicamente dentro de imágenes o gráficos no figuraría en esa búsqueda.
La clemencia ejecutiva no forma parte del capítulo de alivio
El principio de alivio del informe nombra el sellado de expedientes, la eliminación de antecedentes y los certificados de alivio, todos los cuales actúan sobre el registro de una condena pasada. No encontramos ninguna mención de clemencia, conmutación o indulto en ninguno de los tres documentos. Para alguien que cumple una sentencia larga, el alivio de antecedentes en general empieza a importar después de la salida, mientras que la clemencia es el mecanismo capaz de cambiar la sentencia misma. Según nuestra experiencia, un plan de salida suele ser parte de lo que una junta de clemencia pide ver, así que en la práctica son a menudo la misma conversación.
Está escrito para líderes estatales, no para quien vuelve a casa
El informe dice que expone políticas y prácticas que los líderes estatales pueden impulsar, financiar o implementar, y define a esos líderes como jefes de agencias y funcionarios electos. Por lo tanto, casi toda recomendación es algo que hace una institución. La capa de traducción, qué documento pedir, a qué oficina acudir y con cuánta anticipación, falta por diseño, y es justo la capa que las personas y las familias necesitan.
No se aborda a las personas con condenas clasificadas como violentas
Ninguna práctica del informe está escrita para personas cuyas condenas se clasifican como violentas. Los dos ejemplos que nombran una categoría de delito se limitan a delitos no violentos: los tribunales de responsabilidad de Georgia que cita se describen como alternativas al encarcelamiento para personas no violentas, y la ley de sellado de Colorado que cita automatiza el sellado de delitos no violentos elegibles. El informe nunca dice que sus prácticas se detengan ahí. Tampoco dice lo contrario y, según nuestra experiencia, quienes cumplen las sentencias más largas son quienes con mayor probabilidad llevan esas clasificaciones.
Los gobiernos tribales no aparecen en el principio de coordinación
El principio de coordinación del roadmap describe la participación entre sistemas de servicios en los niveles federal, estatal y local. No encontramos ninguna mención de las naciones tribales en ninguno de los tres documentos. Los gobiernos tribales operan sus propios programas de reintegración y, para una persona ciudadana de una nación, esos programas pueden ser un sistema completamente distinto al estatal. Un marco de coordinación que se detiene en la frontera estatal no le indica al estado que construya esa transferencia.
La restitución queda fuera de las prácticas sobre deuda
Las prácticas del informe sobre deuda pausan la manutención infantil durante el encarcelamiento, eliminan cuotas de supervisión y de programas, terminan con los intereses sobre obligaciones financieras judiciales y detienen el envío a agencias privadas de cobro. La restitución aparece tres veces, y cada vez como una excepción o una condición. La ley de Washington que cita elimina intereses solo sobre obligaciones que no son de restitución, aunque el mismo proyecto de ley también permite que un tribunal condone o reduzca los intereses sobre la parte de restitución, y la ley de terminación anticipada de Georgia que cita cuenta la restitución pagada entre sus condiciones. Ninguna práctica nombrada en el informe reduce el capital de la restitución, que para muchas familias es el saldo más grande de la cuenta.
No se nombra el riesgo de sobredosis al momento de la salida
El tratamiento por consumo de sustancias recorre todo el principio de salud, pero no encontramos ninguna mención de sobredosis, naloxona ni medicamentos para el trastorno por consumo de opioides en ninguno de los tres documentos. El lenguaje sobre medicamentos se mantiene general, por ejemplo asegurar la continuidad de la medicación. Esa continuidad es más difícil de sostener justamente en los días que el roadmap asigna a la transferencia acompañada, así que preferiríamos que un plan de salida nombrara estos puntos en lugar de darlos por implícitos.
La participación cívica aparece una sola vez, en el resumen ejecutivo, sin una práctica detrás
El resumen ejecutivo dice que los mecanismos de alivio eliminan barreras persistentes que limitan las oportunidades y la participación cívica. Esa frase aparece una vez, en el resumen. No encontramos ninguna mención del voto en los tres documentos, y el capítulo de alivio de la guía completa no contiene ninguna práctica sobre participación cívica. La restauración del derecho al voto es una de las preguntas que las familias nos hacen con más frecuencia, y quien lea el resumen podría suponer razonablemente que el informe completo lo cubre.
El acceso a expedientes está pensado para las agencias, no para la persona
El principio de salud pide orientación en lenguaje sencillo sobre qué información pueden compartir las agencias entre sí. No encontramos nada sobre el acceso de una persona a sus propios expedientes. Documentar la finalización de programas, el historial laboral o la atención médica es justamente lo que exige un expediente de libertad condicional o de clemencia, y con frecuencia las personas no logran obtener sus propios papeles.
El informe nombra una barrera de conocimiento sin proponer cómo cerrarla
Entre las barreras al alivio no automático, el informe menciona la falta de conocimiento sobre la disponibilidad y el efecto del alivio. Es un diagnóstico acertado, y es la única barrera de su lista sin una práctica correspondiente. Las exenciones de cuotas y las peticiones más simples no ayudan a quien nunca se entera de que la vía existe. Un aviso, en lenguaje sencillo y en un momento útil, sería una intervención por sí mismo.
El acceso lingüístico no se aborda
No encontramos ninguna mención del español, de intérpretes ni de traducción en ninguno de los tres documentos. El informe sí se preocupa por que se entienda: pide orientación en lenguaje sencillo entre agencias y servicios de transición para que todas las personas comprendan los requisitos del sistema. Ambas cosas suponen que quien lee ese lenguaje sencillo lee inglés, y toda práctica que dependa de que alguien entienda un formulario hereda ese supuesto.
Cómo usar esta página
Esta página describe lo que dice la guía del CSG Justice Center y lo que creemos que deja fuera. Es información general sobre políticas públicas. No es asesoría legal y no describe para qué califica una persona en particular, qué recibirá ni a qué tiene derecho.
Cada programa nombrado en el informe es un programa, una ley o una política real en algún lugar. Los ejemplos del informe provienen de iniciativas estatales, locales y nacionales, y algunos los operan organizaciones sin fines de lucro o el gobierno federal, no un estado. No encontramos ninguna mención de Oklahoma en ninguno de los tres documentos. Tome estas prácticas como cosas que existen en algún lugar y que se pueden preguntar por su nombre, no como servicios disponibles para una persona en particular. Cada programa lo opera la agencia o el gobierno correspondiente, y cada uno decide a quién atiende.